Organizaciones de la sociedad civil y colectivos de Chihuahua repartieron volantes en el primer cuadro de la ciudad para exigir la atención y movilización de cuerpos policiacos y militares a Guadalupe y Calvo a fin de que las personas desplazadas tengan seguridad y sean atendidas. Cuando pretendieron entrar al Palacio de Gobierno les cerraron la puerta.
Organizaciones denunciaron que hay dos grupos criminales que operan en la región, como son “Los Chapitos” y “La Línea”, quienes llegan a las viviendas para llevarse a los hombres más jóvenes, el primer fin es reclutarlos para filas, convirtiéndolos en carne de cañón.
Previamente, representantes de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) se reunieron con Héctor Aguilera, delegado de Gobernación Federal a quien urgieron para que movilice a las fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional para garantizar rondines de vigilancia, protección a las familias en riesgo y restablecimiento de la paz en la región.
El funcionario señaló que en las mesas de seguridad el tema será expuesto, pero además concertó una nueva reunión con los mandos militares dentro de 10 días.
Luego, con apoyo de algunos colectivos, se entregaron volantes en las inmediaciones de la Plaza Hidalgo para explicarle a la ciudadanía lo que pasa en Guadalupe y Calvo, donde más de 300 personas tuvieron que desplazarse de su comunidad ante la violencia que imprime el crimen organizado, y como todavía hay 150 personas bajo refugio en el poblado de Cinco Llagas, a unos 70 kilómetros de Baborigame, pero por ser un camino de terracería el traslado lleva alrededor de 4 horas.
“La gente no se siente segura”, señaló Diana Villalobos de Contec, dado que son pocos los elementos de la Policía Estatal y Militar los que fueron en auxilio. También acudió la Comisión de Atención a Víctimas, pero desde ayer se regresaron a Baborigame.
Los elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional que se quedaron para resguardo son muy pocos para garantizar el orden y la vigilancia. Se denunció que los habitantes de los ranchos aledaños que se vieron en la necesidad de desplazarse se quedaron sin hogar debido a que los criminales se adueñaron de las viviendas.
Una de las preocupaciones de las personas que han sido desplazadas es perder la vida, pero a ello se suma perder la cosecha, porque se trata de tierras de temporal que les garantizan el alimento para casi un año, todo lo que se llegue a perder los dejará sin alimento. En la zona no se ha abierto la escuela, ni se ha regularizado el abasto de alimentos, lo que sin duda expulsará a los habitantes.
A la fecha, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas les ha otorgado una despensa, pero se trata de un apoyo asistencialista. La abogada Diana Villalobos destacó que las personas no denuncian por temor, “Que no haya denuncia no quiere decir que no haya desplazamiento forzado”.
Las representantes de Contec acompañadas de Isela González, de Alianza Sierra Madre se reunieron con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña para solicitar que la presencia del Estado sea permanente.
Ante el Secretario de Gobierno plantearon la necesidad de que se cuente con un plan de atención a mediano y largo plazo, para regularizar la vida de las personas que se encuentran en la zona y de quienes deseen regresar a sus comunidades. Las acciones que han desplegado en los últimos días son reactivas a la problemática.
Se pronunciaron para que se garantice la seguridad en el lugar, porque sale más caro atender a las víctimas de desplazamiento forzado. A la fecha la autoridad no ha reconocido el desplazamiento, pero en los hechos están reconociendo la existencia de un delito que lacera a cientos de comunidades en la zona serrana.
Hay que resaltar que a las integrantes de los colectivo que acompañan a Contec no les permitieron la entrada a Palacio de Gobierno y se apostaron en la puerta para exigir un alto al desplazamiento forzado.
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