Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del congreso estatal, realizaron una reunión para analizar dos iniciativas de reforma a diversas leyes locales en materia de violencia contra las mujeres, su prevención y erradicación, así como de agravantes al delito de privación de la libertad.
Se trata de los asuntos 675 y 859; el primero, sugiere adicionar un último párrafo al artículo 35 de la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de que los municipios dispongan de tecnología para brindar atención a las mujeres que se sientan en riesgo. Esta iniciativa fue promovida por el grupo parlamentario del PAN.
En caso de aprobarse en el pleno, se establecería la obligación de los municipios a poner a disposición de las mujeres de su localidad, un programa informático móvil que al menos contenga un botón de pánico, con georeferencia y conectado a los sistemas de seguridad; esto, para poder pedir auxilio en dado caso de que sean víctimas de violencia.
Dentro de la exposición de motivos, se detalla que en Chihuahua capital existe una aplicación móvil llamada “Yo segura”, en la cual se pone a disposición de las chihuahuenses un botón de pánico que se puede presionar en cualquier momento de vulnerabilidad, ya que está redirigido a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A su vez, despliega los lugares donde una mujer puede acudir en caso de sentirse insegura (Puntos Naranja) así como tips y consejos de seguridad.
“Es importante resaltar que el fin de esta iniciativa es aportar a la prevención de la comisión de delitos en contra de niñas, adolescentes y mujeres en general, no esperar que se cometa un ilícito en contra de ellas para activar las instituciones de seguridad”, se lee en el dictamen.
Por su parte, el asunto 859 propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del artículo 158 del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito de fortalecer el marco punitivo en favor de la seguridad de las personas en materia de privación ilegal de la libertad.
Esta última propuesta fue impulsada por la bancada de Morena, y contempla implementar más agravantes a la privación de la libertad, como si se excede el tiempo de privación a más de 24 horas, si la víctima es servidor público, periodista, defensor de derechos humanos o miembro de una organización civil con funciones de denuncia pública o acompañamiento social.
A su vez, sugiere instituir una pena de diez a veinte años de prisión y multa de cien a quinientas veces el valor de la UMA si el delito es cometido por dos o más personas, y se emplee un arma de fuego, blanca, o cualquier objeto idóneo para generar lesiones o intimidación grave.
