De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el estado de Chihuahua se han registrado más de mil casos de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar durante los primeros cuatro meses de 2026.
La estadística, muestra que el promedio mensual se mantuvo relativamente estable. En enero se reportaron 261 casos; en febrero, 283; en marzo, 298; y en abril, 251, para un total de mil 093.
El incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar incluye conductas como l3a omisión del pago de la pensión alimenticia a hijos, hijas o personas con derecho a recibir apoyo económico para su subsistencia.
Esta conducta constituye tanto una infracción en materia civil como un delito previsto en la legislación vigente, por lo que puede dar lugar a sanciones legales y procedimientos judiciales para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.
Los datos reflejan la persistencia de esta problemática en la entidad y la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para las personas afectadas por el incumplimiento de estas responsabilidades familiares.
El incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, como el pago de pensión alimenticia, puede tener consecuencias legales en el estado de Chihuahua, que van desde procesos civiles hasta posibles sanciones penales, dependiendo de la gravedad y recurrencia del caso.
De acuerdo con el marco jurídico vigente, la falta de pago injustificada de la pensión establecida por un juez puede constituir un delito relacionado con el incumplimiento de las obligaciones familiares.
Sin embargo, este tipo de situaciones generalmente se analizan caso por caso, y suelen requerir la existencia de una resolución judicial previa que haya sido desobedecida. En el ámbito penal, las autoridades pueden iniciar investigaciones cuando se acredita el incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria.
En estos procesos, un juez puede determinar sanciones que incluyen multas e incluso penas privativas de la libertad, aunque en muchos casos el objetivo principal es garantizar el cumplimiento del pago y la protección de los beneficiarios.
Asimismo, en México opera el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), en el cual pueden ser inscritos los deudores alimentarios que no cumplen con sus responsabilidades. Esta inscripción puede generar restricciones administrativas, como limitaciones para realizar ciertos trámites oficiales.
