Una mujer que se aprovechaba de la vulnerabilidad de hombres adultos mayores para despojarlos de su patrimonio fue sentenciada a 40 años de prisión, tras ser encontrada penalmente responsable de los delitos de robo agravado y secuestro exprés, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua Zona Centro.
La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, Melisa Dessire Realivazquez Lozoya, destacó que la sentencia se obtuvo este mes luego de un juicio oral, como resultado de una investigación compleja que permitió judicializar un caso que permanecía sin resolver desde años anteriores.
De acuerdo con la funcionaria, la mujer operaba principalmente en el primer cuadro de la ciudad, en las inmediaciones de la Catedral, donde identificaba a sus víctimas: hombres adultos mayores, a quienes envolvía con un trato cercano hasta ganar su confianza.
Una vez que lograba ese acercamiento, las víctimas la invitaban a sus domicilios. Ya en el interior, la agresora les suministraba una sustancia —cuya composición aún no ha sido determinada— que provocaba que perdieran el conocimiento.
Aprovechando que los hombres quedaban dormidos, la mujer los despojaba de sus pertenencias, principalmente dinero en efectivo y joyería, objetos de fácil traslado que le permitían huir sin levantar sospechas inmediatas.
Este modo de operar había sido detectado por la Unidad de Robos desde años atrás; sin embargo, no fue sino hasta 2024 cuando, mediante trabajo de inteligencia y el análisis de diversos productos de investigación, se logró individualizar plenamente a la responsable y ejecutar las órdenes de aprehensión en su contra.
Aunque la imputada estaría relacionada con varios hechos delictivos, uno de los casos fue llevado a juicio oral, proceso en el que el tribunal determinó imponer una sentencia condenatoria de 40 años de prisión, incluyendo la tipificación del delito de secuestro exprés.
Finalmente, Realivazquez Lozoya subrayó que este resultado refleja el trabajo coordinado entre la Fiscalía y otras autoridades, reiterando el compromiso institucional de continuar combatiendo delitos que atentan contra la seguridad y la dignidad de las personas más vulnerables.
