A cuatro meses de la renuncia del fiscal César Jáuregui Moreno, los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) promueven una reforma a la Constitución del Estado de Chihuahua para designar un nuevo fiscal autónomo, con duración en el cargo por un periodo transexenal de ocho años, y que este no pueda ser destituido por la próxima administración estatal.
César Jáuregui dejó el cargo luego de conocerse que dos agentes estadounidenses, presuntamente de la CIA, acompañaron un operativo antidrogas en la sierra Tarahumara y fallecieron junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación dependiente de la fiscalía, en un accidente de automóvil cuando regresaban a la ciudad de Chihuahua, sin que su presencia en el terreno estuviera acreditada o fuera del conocimiento del gobierno de México.
Aunque el gobierno del estado ofreció investigar los posibles delitos en materia de seguridad nacional, a la fecha, ha informado únicamente de vínculos de los extranjeros con el fiscal especializado de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien también renunció, y con el fallecido director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes.
Ahora, los panistas y MC proponen una reforma constitucional antes de designar un sustituto para César Jáuregui; proponen que el nuevo fiscal dure en el cargo ocho años, hasta 2034, es decir durante todo el periodo de la próxima administración estatal más un año, con fuero constitucional, y sólo podrá ser removido “por causas graves debidamente acreditadas”, respetando su derecho a la defensa y mediante el voto de las dos terceras partes del Congreso.
La reforma busca separar a la institución de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo y otorgarle autonomía técnica, presupuestal, financiera y de gestión, “estableciendo expresamente que sus funciones no podrán ser influidas, restringidas ni condicionadas por ninguna autoridad”, defendieron los coordinadores parlamentarios de MC y del PAN, Francisco Sánchez Villegas y Alfredo Chávez Madrid, respectivamente.
Ambos coordinadores argumentaron que su iniciativa de reforma quiere garantizar investigaciones libres de presiones políticas, y el Estado de Chihuahua es una de las seis entidades donde la fiscalía aún depende del Poder Ejecutivo, “una fiscalía subordinada al gobierno en turno nunca podrá garantizar plenamente que la ley se aplique sin cálculos políticos, esta reforma busca que, en Chihuahua, la justicia no reciba órdenes del poder”, declaró Francisco Sánchez.
El líder de los diputados de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, cuestionó que la propuesta de fiscalía autónoma se discuta al cierre de la administración que encabeza María Eugenia Campos Galván, por lo que es una reforma para mantener al nuevo fiscal vinculado políticamente con la gobernadora.
“Maru Campos sabe que ya se va, pero no se quiere ir sin un fiscal que cubra las espaldas de su administración”, afirmó.
Advirtió que Movimiento Ciudadano y Acción Nacional buscan improvisar y hacer una ley con dedicatoria, para el supuesto fiscal autónomo bastará con que la gobernadora mande una terna, que elijan las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, no las dos terceras partes de la legislatura, y ponen como requisito tener únicamente licenciatura en derecho o cinco años de experiencia.
“Nosotros, como Morena, proponemos licenciatura en derecho obligatoria y diez años de experiencia, que los aspirantes salgan de una comisión de nueve personalidades, especialistas que los evalúen y determinen la terna, entonces sí, que las dos terceras partes de toda la legislatura, determinemos quién debe ser el fiscal”.
El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, consideró que la discusión sobre el futuro de la Fiscalía estatal debe ir más allá de partidos, gobiernos o personas, y planteó que el Congreso convoque a un parlamento abierto, para construir una reforma con participación de la sociedad.
“Estamos hablando de la institución responsable de procurar justicia para más de cuatro millones de chihuahuenses. Por eso creo que debemos elevar la discusión”, señaló.
Pérez Cuéllar afirmó que antes de hablar de nombres o de posibles perfiles, debe definirse qué modelo de Fiscalía necesita Chihuahua y qué cambios pueden fortalecer la procuración de justicia.
“Si Chihuahua necesita una Fiscalía autónoma, discutamos seriamente. Si el modelo actual debe cambiar, revisemos qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros estados y a nivel nacional”, expresó y también cuestionó “¿hasta dónde debería llegar la autonomía del nuevo fiscal general?”.
