Docentes de diversas instituciones educativas de Chihuahua presentaron ante el Congreso del Estadouna iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación y el Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer sanciones penales y administrativas contra padres, madres de familia, tutores o alumnos que amenacen, difamen o presenten denuncias falsas en perjuicio del personal educativo. La propuesta contempla penas de uno a tres años de prisión para quienes incurran en estas conductas.
El documento fue entregado por las maestras Guadalupe Hinostroza, Lourdes Dueñas, Dalila Flores Gutiérrez y Marcela Rodríguez, quienes acudieron en representación de un grupo de docentes de nivel básico que respaldan la iniciativa y buscan abrir el debate sobre la protección jurídica del personal educativo.
De acuerdo con las promoventes, la reforma tiene como finalidad fortalecer la protección integral de docentes, directivos y personal administrativo frente a actos de intimidación, amenazas, campañas de desprestigio y denuncias infundadas, al considerar que estas situaciones afectan tanto el desempeño profesional como la reputación institucional.
Las maestras señalaron que la propuesta toma como referencia una reforma recientemente aprobada en el estado de Aguascalientes, orientada a atender problemáticas similares, y subrayaron el interés de impulsar iniciativas equivalentes en otras entidades del país.
Según explicaron, conflictos escolares relacionados con calificaciones, medidas disciplinarias o llamados de atención han derivado en casos de hostigamiento en redes sociales, señalamientos públicos y acciones legales, que en algunos casos consideran infundadas y con impacto negativo en la vida laboral y personal de los docentes.
En ese contexto, la iniciativa plantea incorporar mecanismos legales de sanción para la difamación, las amenazas y las denuncias falsas cuando se acredite que fueron realizadas con la intención de dañar la imagen o trayectoria profesional del personal educativo, además de fortalecer las condiciones para el ejercicio de la labor docente.
Las impulsoras reiteraron que la propuesta no busca limitar el derecho de madres, padres, tutores o estudiantes a presentar denuncias legítimas, sino establecer consecuencias para quienes, de manera dolosa, promuevan acusaciones falsas o campañas de desprestigio que afecten injustificadamente a trabajadores de la educación.
La iniciativa fue turnada al Congreso del Estado para su análisis dentro del proceso legislativo correspondiente. En caso de avanzar, las comisiones legislativas deberán evaluar su viabilidad jurídica y escuchar las distintas posturas antes de que el Pleno determine si las reformas a la Ley Estatal de Educación y al Código Penal de Chihuahua son aprobadas o desechadas.
