La liberación de la defensora indígena Kenia Hernández, el fortalecimiento de los mecanismos de protección a activistas y periodistas, así como una respuesta institucional ante el desplazamiento forzado por la violencia en Chihuahua, fueron las principales exigencias de una delegación internacional de organizaciones de México y la Unión Europea, que concluyó una visita de trabajo de 11 días al país.
Acompañada por la eurodiputada Diana Riba i Giner, la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea sostuvo reuniones con autoridades federales, legisladoras y representantes de organismos internacionales, además de recorrer comunidades de Guadalupe y Calvo, Baborigame e Hidalgo del Parral, donde escuchó testimonios de familias obligadas a abandonar sus hogares por la violencia.
Durante su estancia en Chihuahua, del 3 al 5 de noviembre, la delegación documentó las condiciones de las personas desplazadas y advirtió que la explotación forestal, tanto legal como clandestina, y la minería constituyen actividades económicas vinculadas con el enriquecimiento de grupos criminales y el despojo de comunidades.
De acuerdo con cifras de la Misión Civil de Observación, realizada en mayo pasado, durante 2025 al menos 4 mil 492 personas fueron desplazadas en Chihuahua, de las cuales mil 335 procedían de Guadalupe y Calvo. A ello se suma la falta de acceso a la justicia: de 89 denuncias por desplazamiento forzado, únicamente dos han derivado en sentencias.
Ante este panorama, el 6 de noviembre la organización presentó sus recomendaciones a la Comisión de Atención al Desplazamiento Forzado Interno del estado y demandó cuatro medidas urgentes: actualizar el censo de víctimas, instalar una mesa interinstitucional que coordine la respuesta de los tres niveles de gobierno, elaborar un plan integral de atención y garantizar un presupuesto específico para ejecutarlo.
La delegación sostuvo que los testimonios recabados reflejan una situación de violencia extrema que requiere una intervención gubernamental coordinada, más allá de las acciones de asistencia inmediata.
Otro de los ejes de la visita fue el caso de Kenia Hernández Montalván, abogada indígena amuzga, feminista y defensora de derechos humanos, quien permanece en prisión después de seis años de procesos judiciales que las organizaciones consideran una forma de criminalización de su labor.
El 27 y 28 de octubre, integrantes de la misión la visitaron en el Centro Penitenciario Neza Sur, donde le entregaron mensajes de solidaridad procedentes de 18 países de cuatro continentes.
Hernández enfrentó 10 causas penales. En abril de 2026 obtuvo la libertad en ocho procesos del fuero federal; sin embargo, en julio Caminos y Puentes Federales (Capufe) consiguió reabrir uno de ellos mediante un amparo, pese a que, según la plataforma, el juez advirtió sobre el riesgo de criminalizar el activismo.
En tanto, la eurodiputada Diana Riba se reunió con diputadas federales mexicanas, quienes anunciaron que promoverán nuevas acciones para conseguir la liberación de la defensora.
La misión también llevó el caso ante representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), encabezados por Óscar Solera, a quienes solicitó mantener la visibilidad del proceso y acompañar la problemática del desplazamiento forzado en Chihuahua y Chiapas.
En sus encuentros con la Secretaría de Gobernación, la delegación expuso, además, la falta de garantías colectivas para integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, después de que sus instalaciones fueran allanadas en cuatro ocasiones durante marzo de 2026. De sus 16 integrantes, únicamente dos cuentan con medidas de protección.
También cuestionó que las autoridades atiendan la seguridad de las personas defensoras de manera individual, en lugar de proteger a los equipos y organizaciones en su conjunto, y expresó preocupación por la falta de una ruta institucional para conseguir la libertad de Hernández.
En Palacio Nacional, durante una reunión con Jesús Ramírez, coordinador de Asesores de la Presidencia, la plataforma presentó cifras de la ONU-DH que documentan el asesinato de 184 personas defensoras de derechos humanos entre 2016 y 2025, con sentencias únicamente en el 10.1 por ciento de los casos.
Asimismo, señaló una reducción de las medidas del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que pasaron de 755 a 266 entre 2024 y 2026.
La organización pidió un plan para fortalecer ese mecanismo, incorporar a especialistas y organizaciones civiles en la elaboración de una nueva legislación migratoria y mejorar la protección de personas migrantes y refugiadas, incluidas aquellas deportadas de Estados Unidos.
De acuerdo con la plataforma, Ramírez se comprometió a presentar las preocupaciones ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y dar seguimiento a las propuestas, particularmente a las relacionadas con el desplazamiento forzado en Chihuahua.
Al concluir la visita, Riba i Giner reiteró su compromiso de mantener la coordinación con legisladoras mexicanas y europeas para impulsar acciones internacionales hasta conseguir la libertad de Kenia Hernández.
La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea informó que dará seguimiento a los compromisos establecidos con las autoridades y mantendrá la presión internacional tanto por la liberación de la defensora como por la atención a las comunidades desplazadas.
